Puigdemont dice que no está huyendo de la justicia - Rueda de prensa

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Am 31.10.2017 veröffentlicht
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Independencia de Cataluña
La juez da tres días a Puigdemont y sus exconsellers para declarar por rebelión y abonar seis millones de fianza
El Tribunal Supremo cita a declarar a Forcadell y a la Mesa del Parlament
Les interrogará el 2 y 3 de noviembre a partir de las nueve y media de la mañana
Acudirán acompañados de abogados para responder por el delito de rebelión

La juez Carmen Lamela ha citado el jueves y viernes como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern contra los que el lunes se querelló la Fiscalía en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. También les da un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.

La juez atiende así a la petición de la Fiscalía General del EStado y fija esa fianza en el auto en el que cita a declarar a Puigdemont y a los 13 integrantes del Gobierno que presidía por delitos de rebelión, sedición y malversación.

La magistrada les advierte de que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen

Lamela se ha declarado competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado, y se ha hecho cargo así de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

El Supremo también cita a Forcadell y los miembros de la Mesa
También, en la causa por los mismos delitos, el Tribunal Supremo ha citado para los días 2 y 3 de noviembre a los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Tienen obligación de comparecer ya que al tratarse de diputados autonómicos la investigación penal en el Supremo no requiere suplicatorio.

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